El acto administrativo contempla que la sanción para las personas que causen daño o actos crueles contra los animales será de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se traducen en $12.887.000, que se pueden transformar “en trabajo comunitario y capacitación en establecimientos dedicados a la protección de animales”.
Tan solo en lo que va corrido del 2015, la Policía Ambiental de Cali ha documentado 80 agresiones a animales. La mayoría contra mascotas, como perros y gatos que sufren golpes o amputaciones.
El total de denuncias recibidas el año pasado en la ciudad fue de 1200. Entre ellas estaban los casos de 60 equinos que eran utilizados en labores de carga de escombros, que fueron víctimas de actos violentos y tenían laceraciones, amputaciones de miembros y signos de desnutrición.
“Nosotros permanentemente hacemos charlas y obras de teatro educativas en las comunas y las instituciones educativas con el ánimo de prevenir, pero este comportamiento contra los animales es algo que se sigue presentando y es cada vez peor”, señala el intendente Marco Montes, de la Policía Ambiental.
Para Carmen Holguín, trabajadora social del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico de la Universidad Autónoma de Occidente, estos hechos “son un reflejo de la sociedad intolerante en la que vivimos”.
Holguín remarca que este comportamiento en contra de los animales es algo continuo y tiene orígenes en el núcleo familiar.
“Cuando se ve que los adultos disfrutan de esas actividades y les enseñan a sus hijos esos comportamientos, los niños van a crecer entendiendo que maltratar a un animal es normal, que no van a tener consecuencias y lo seguirán haciendo”, explica Holguín.
Los recientes hechos de violencia contra animales, como la muerte de un toro acuchillado en una corraleja en Turbaco (Bolívar); el desmembramiento de un caballo en Buenavista (Sucre), las carreras de gatos en el corregimiento La Marina (Tuluá) y el reciente envenenamiento de dos perros en el sur de Cali, han revivido el debate sobre la penalización de estos actos.
Andrea Padilla, vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional, asegura que es necesaria “una legislación fuerte y eficaz que proteja a los animales de cualquier acto de maltrato, violencia o crueldad es impostergable. Si la cultura y la moral no nos permiten entender que a los animales les debemos respeto y protección, entonces que lo haga la ley penal. No se entiende la pasividad de la justicia que ya debería haber identificado y judicializado a los criminales de Turbaco y Tuluá”.
Liliana Ossa, directora de Paz Animal, dice que “es absurdo que la violencia contra los animales sea institucionalizada por el Gobierno y no haya un Ministerio del Medio Ambiente que proteja los derechos de la fauna urbana y silvestre. El país también necesita que protejan sus animales, al mismo tiempo que se protegen los recursos naturales”.
Para denunciar abusos y envenenamientos de mascotas, puede comunicarse con la Policía Ambiental a los teléfonos 8826115 y 3006454929.
Presentarán proyecto de ley
El senador Armando Benedetti dijo, tras la indignación que han generado los casos de maltrato animal en las redes sociales, que presentará un proyecto de ley que contemple multas y cárcel para los organizadores de actos donde se maltraten animales.“A mí me gustaría que se acabaran las corralejas, que no se lidiaran toros ni gallos, ni que se construyeran más zoológicos, por el confinamiento y la tristeza con la que viven esos animales. Varias veces hemos tratado de legislar para que exista una política pública en favor de los animales, lo que pasa es que cuando se habla del tema siempre son más los sectores poderosos que se oponen”.
La norma hoy
La Ordenanza 343 de 2012 estipula que “usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente químico que cause la muerte o paralización permanente de los animales”, son actos que constituyen maltrato y crueldad hacia los animales.El acto administrativo contempla que la sanción para las personas que causen daño o actos crueles contra los animales será de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se traducen en $12.887.000, que se pueden transformar “en trabajo comunitario y capacitación en establecimientos dedicados a la protección de animales”.
El País.com.co
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